Participación del Departamento de Derecho Informático en importantes eventos académicos

En el marco de los objetivos de fomento académico e investigativo, el Departamento de Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías, participará en dos importantes eventos académicos internacionales.

El primer lugar, la realización de la cuarta sesión de las jornadas Colombo-Francesas de Derecho Informático del 17 al 19 de octubre de 2017, en asociación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Panthéon-Sorbonne y la Universidad Externado de Colombia. En dónde, el Dr. Ernesto Rengifo García, el Dr. Daniel Peña Valenzuela, la Dra. Sol Beatriz Calle, el Dr. Andrés Felipe Contreras, el Dr. Emilio Suñe y la Dra. Teresa Vargas, llevarán a cabo la presentación de una serie de ponencias relacionadas con el Internet de las Cosas y otras temáticas concernientes a las implicaciones jurídicas de los objetos conectados.

En segundo lugar, el XXI Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 17 al 20 de octubre de 2017. En el cual, el estudiante investigador, Jhon Caballero Martinez, llevará a cabo la defensa pública de su ponencia “La Titularidad de los Datos Personales Frente al concepto de persona en el ordenamiento jurídico colombiano”.

CIDI es reconocido dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017

El Grupo de Investigación en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia, ha sido seleccionado como un grupo de investigación inscrito y reconocido por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

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10 Recomendaciones para impedir el abuso de niños, niñas y adolescentes en redes sociales

Siguiendo la línea de la anterior publicación realizada por nuestro investigador, Jhon Caballero, el Centro de Investigación en Derecho Informático se permite realizar un conteo de las 10 recomendaciones que se deben emplear para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes –NNA- en redes sociales y en general, en todo internet. Continuar leyendo 10 Recomendaciones para impedir el abuso de niños, niñas y adolescentes en redes sociales

Las comunicaciones de los corruptos: indictment del caso Moreno en EE.UU.

Imagen tomada de El País Cali

En medio del escándalo de corrupción que involucra al exdirector anticorrupción de la Fiscalía, exgobernadores, congresistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, resulta interesante reflexionar sobre el medio de comunicación empleado para consumar los delitos que hoy se encuentran en boca de las autoridades judiciales.

En el indictment (escrito de acusación) del proceso en Estados Unidos contra Moreno Rivera y Pinilla Gómez se dice: “LEONARDO PINILLA GÓMEZ contacto a AL a través de mensajes cifrados vía aplicación de mensajería Telegram, indicando que estaba actuando en nombre de Luis Gustavo Moreno Rivera” (…) “LEONARDO PINILLA GÓMEZ contacto a AL a través de mensajes cifrados vía la aplicación de Telegram”.

Más adelante, el documento señala los artificios mediante los cuales se transmitían las comunicaciones: Un mensaje de audio enviado vía Telegram, cuando Pinilla Gómez llegaba a Miami el 24 de mayo de 2017, y otro, un mensaje vía Whatsapp del 17 de junio de 2017, donde se describen  aspectos relativos al pago hecho por Pinilla Gómez dónde señala

Es importante señalar que si bien los servicios de mensajería como Telegram o Whatsapp se encuentran encriptados a través de códigos de cifrado, los historiales de conversación descifrados se encuentran almacenados en la memoria interna del dispositivo de las sujetos que intervienen en la conversación. Incluso, pueden almacenarse en la nube si el usuario así lo ha autorizado. De manera que, en virtud de una orden judicial se podrá acceder a las comunicaciones y dicha prueba será válidamente admitida en un proceso penal o civil, sin embargo, se tendrá en consideración la proporcionalidad frente al respeto de los derechos fundamentales de quienes intervengan.

En el caso particular nos referimos al indicment del proceso penal que es llevado a cabo en Estados Unidos, pero en el caso colombiano, luego del escándalo de las “chuzadas ilegales” del DAS, el uso de las aplicaciones de mensajería se ha popularizado.

Acontecimientos como estos, pueden reabrir el debate sobre el acceso a la comunicaciones por parte del Estado sin orden judicial o incluso poner en discusión el tema de la encriptación en aplicaciones.

Referencias: 

United States of American V. Luis Eduardo Moreno Rivera and Leonardo Pinilla Gómez. United States District Court Southern District of Florida. Disponible en http://static.iris.net.co/semana/upload/documents/indictment-moreno-pdf.pdf

Redes sociales: carnada y pesca de menores

Las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental para nuestras comunicaciones. A través de ellas tenemos la posibilidad de intercambiar mensajes, fotos, videos y documentos desde y hacia cualquier parte del mundo. Sin embargo, si bien sirven para facilitar una interacción social amigable, pueden convertirse en un entorno agresivo para los menores de edad y un medio para la consumación de delitos.

De los 12.988 casos de acoso sexual a menores reportados hasta el 31 de enero de 2015, 46% se relacionó con ciberacoso y contenido pornográfico de niños, niñas y adolescentes[1], de ahí la importancia de propender por la conformación de unidades investigativas especializadas que busquen hacer efectiva la acción penal contra los sujetos activos de los delitos llevados a cabo a través de medios digitales.

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El rol de Internet en el marco del posconflicto colombiano

Imagen: MinTIC

Colombia es un país suramericano organizado como un Estado Social de Derecho a través de un régimen presidencialista y descentralizado. A lo largo de su historia se ha visto marcado por conflictos sociales y políticos que han sido determinantes en su desarrollo.

En 1946 dos partidos marcan el rumbo político del país, el partido Conservador y el Liberal, se disputan el dominio estatal. En principio los conservadores se hicieron con el liderazgo político y plantean una repartición del mismo para evitar los conflictos, sin embargo, no logran su objetivo y se termina desembocando una masiva revolución de armas, cuya justificación es hacerse del poder.

La revolución conlleva a la conformación de guerrillas liberales y conservadoras que encuentran su fin con el golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, constituyéndose una dictadura que otorga amnistía general a las guerrillas. Rojas Pinilla se aparta de los partidos, lo que conllevo al origen de una oposición partidista que finalmente acaba con la dictadura. Continuar leyendo El rol de Internet en el marco del posconflicto colombiano

Algunos casos jurídicamente relevantes en el Internet de las Cosas

 

¿Qué es el Internet de la Cosas?

El termino de ‘Internet de las Cosas (Internet of Things IoT)’ surge para referirse a los objetos conectados a Internet, se utilizó por primera vez en 1999 por Kevin Ashton, quien describió el sistema a partir del cual los objetos del mundo físico podrían conectarse a Internet por medio de sensores.  De acuerdo al informe de Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), el Internet de las cosas aparece a mediados de 2008 “en un momento en que eran más las cosas conectadas a Internet que las personas”. Algunos aluden que el verdadero origen del IoT es histórico, a partir de las nuevas creaciones que desarrollo el científico Nicolas Tesla en 1926, para luego tener cabida el desarrollo de la conmutación de paquetes y de la tecnología TPC/IP, así como el desarrollo posterior que vino con Internet.

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Nuevo debate sobre regulación de plataformas tecnológicas en el país

Actualización 20 de junio de 2017:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar nulo el proceso, en tanto  “actualmente se tramita otro medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, el cual fue admitido mediante auto del 4 de noviembre del 2015” ,  refiriéndose a otra demanda en curso contra UBER, cuyo demandante es Hugo Ospina, líder del gremio taxista en la ciudad de Bogotá.

Referencia: El Tiempo. Tribunal declara nulo proceso de Mintransporte contra Uber.

Actualización 14 de abril de 2017:

El demando  UBER COLOMBIA SAS. presenta recurso de nulidad por indebida notificación.  La magistrada a cargo del proceso, la Dra. Claudia Elizabeth Lozzi, se pronuncio diciendo que “se violó el derecho al debido proceso, ya que la plataforma tecnológica no tuvo la oportunidad de defenderse” , por tal motivo,  el despacho “declarará la nulidad de todo lo actuado desde notificaciones electrónicas (…) y ordenará se surta nuevamente las notificaciones, con la salvedad, que deberá: incluir el mensaje de datos de totalidad del escrito de demanda y tener dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales de la sociedad Uber Colombia SAS (…)”.

Publicación original:

En las últimas semanas, se ha abierto un debate en los medios de comunicación sobre la posible restricción de UBER en el país, a raíz de la solicitud de medidas cautelares que, con dicha pretensión, se ha incorporado en una demanda que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Durante la semana del 13 de marzo de 2017, el Ministerio de Trasporte presento demanda contra a la sociedad comercial UBER COLOMBIA S.A.S., bajo el argumento de que es necesario que se “protejan los Derechos Colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”. En la presentación de la demanda se solicitó como medida cautelar la restricción de la operación de UBER en el país.[1]

La demanda del MinTrasporte busca no solo ser un precedente para UBER, sino a todas las plataformas que funcionan de manera irregular, por lo que se vinculó como demandados al Ministerio de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

El Tribunal dio traslado de la solicitud de la medida cautelar al Mintic, a fin de que se pronunciara sobre la petición y mediante radicado número 58486 del 23 de marzo de 2017, el MinTIC “hace la defensa del principio de Neutralidad de Internet contemplado en el artículo 56 de la ley 1450 de 2011, el cual consiste en la garantía por parte del Estado hacia a los ciudadanos, de no restringir el acceso y uso a cualquier contenido o aplicación a través de Internet, y el cual se violaría ante las pretensiones solicitadas en dicha demanda”. Por tanto, declara que su “misión es la de promover e incentivar el desarrollo de aplicativos digitales (…) y no puede tomar, ni tomará medida alguna para cancelar aplicativos.”[2]

Por otro lado, UBER se pronunció valorando positivamente la argumentación del MinTIC y defendiendo su postura, relacionándola con la de otras entidades que se sujetan al principio de la libre competencia[3]. Es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien ha señalado en un concepto emitido el 20 de septiembre de 2016, que la política de competencia no obstaculiza las actividades innovadoras de las empresas; indica que “las innovaciones disruptivas y que se valen de plataformas, han colaborado para solucionar de forma eficaz las fallas del mercado.”[4]

En sentido contrario se ha manifestado la Superintendencia de Puertos y Trasportes, sancionando a UBER en 2016, con una multa de 700 salarios mínimos, por cuanto, en su opinión, se trata de un servicio “no autorizado, y [que] atenta a las reglamentaciones del Ministerio de Transporte sobre la libre y leal competencia en el sector”[5].

No hay que olvidar que la Corte Constitucional se encontraba estudiando una demanda contra el artículo 32 de la Ley 1753 del 2015, en donde se aludía que el gobierno dejo por fuera la posibilidad de reglamentar UBER, al regular la nueva figura de los taxis de lujo[6]. Sin embargo,  el Alto Tribunal decidió declararse inhibido y no pronunciarse al respecto.

Por otro lado, cursa en el Congreso de la República, el proyecto de Ley número 69/16, que busca crear medidas para la correcta prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros, y se espera que contemple a las plataformas de trasporte en su regulación.

En conclusión, el tema del trasporte a través de plataformas tecnologías es un debate que aún no concluye en el país. La pugna mediática entre las opiniones de los taxistas y los usuarios insatisfechos con el trasporte tradicional, han permeado los intereses de las entidades públicas, llevando a conceptos divididos por parte de los órganos estatales. En tanto, la incertidumbre del costo político y electoral de una solución definitiva frente al debate, posponen una reglamentación definitiva.

[1] https://www.kienyke.com/noticias/tribunal-demanda-uber, http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mintic-se-pronuncia-sobre-demanda-contra-uber-504379

[2] http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51174.html

[3] https://newsroom.uber.com/colombia/uber-y-el-internet-libre/

[4] http://www.sic.gov.co/recursos_user/boletin-juridico-sep2016/conceptos/competencia/16-137076-mintransporte-uber-concepto-abogacia.pdf

[5] https://www.xataka.com.co/legislacion-y-derechos/superintendencia-de-transporte-sanciona-a-uber-con-450-millones-de-pesos

[6] http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-en-la-corte-constitucional-avala-servicio-especial-de-pasajeros-pero-con-reglas/515664

De la ciberseguridad y el derecho, una interdependencia necesaria.

La actualidad y la constante evolución tecnológica han hecho que lleguemos al siguiente punto. Se da la necesidad social de crear, comprender y aplicar nuevos conceptos y herramientas que permitan en últimas, satisfacer nuestras necesidades de comunicación –qué aunque antiguas-, requieren de nuevos medios. Este es el caso de la Internet, como medio masivo de comunicación y de los sistemas de flujo de información.

Es por esto, que ante el irresistible cambio global, hay que poner de presente, uno de los tantos temas en auge: la ciberseguridad.

En primer lugar, es posible decir que la ciberseguridad como parte vital y esencial de los sistemas de datos digitales, propende por la protección de activos de información, que son aquellos recursos del Sistema de Seguridad de la Información para que una empresa consiga sus objetivos[1]. Generalmente son aquellos datos que representan un contenido patrimonial. Continuar leyendo De la ciberseguridad y el derecho, una interdependencia necesaria.

Del Derecho informático y las Nuevas Tecnologías

La sociedad en los últimos años ha afrontado distintos cambios sociales, culturales, políticos, económicos y tecnológicos.

Los grandes cambios tecnológicos que ha vivido el mundo, han llevado a que se facilite la vida del ser humano en distintas materias como salud, educación, infraestructura, ocio y diversión, entre otros. Sin embargo, cada país debe analizar las grandes ventajas que la tecnología le trae a sus ciudadanos, pero también las desventajas, para garantizar la protección de los ciudadanos, al no tener ciertas precauciones, previsiones o conocimiento, es factible que estos se vean inmersos en problemas que los puedan llevar a ser vulnerables, en la red global informática y ser sujetos de conductas ilícitas.

Estamos ya viviendo en lo que muchos consideran como una aldea global donde las mejoras en transportes y los avances en las comunicaciones han ayudado a crear una idea de micro-mundo donde las distancias y las diferencias dejan de existir[1]. Según autores como el profesor Nicholas Negroponte, Director del laboratorio de medios del Instituto de Tecnológico de Massachusetts, MIT, hoy vivimos una verdadera interfaz, donde el hombre y los bits se encuentran, se fusionan y se convierten en uno, conformando una verdadera vida digital. Esta nueva dependencia y necesidad de los hombres en la tecnología, ha llevado a que esta haya invadido todas nuestras esferas: el trabajo, el estudio, e inclusive nuestra vida personal y familiar. Lo anterior ha llevado a que el hombre del siglo XXI sea considerado el hombre de la era digital ya que muchos de los aspectos de nuestras vidas se han digitalizado. [2] Continuar leyendo Del Derecho informático y las Nuevas Tecnologías