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¿Llegó el momento de automatizar las liquidaciones de créditos en los procesos ejecutivos?

Por: Julián Esteban Correa Calvo
El proceso ejecutivo es uno de los procesos contemplados en el Código General del Proceso (en adelante el ‘CGP’), a través del cual se demanda el cumplimiento de una obligación clara, cierta y exigible. Dentro de las normas que regulan su trámite encontramos el artículo 446, el cual establece que una vez se encuentre en firme la sentencia o el auto que ordene seguir adelante la ejecución, o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones de mérito propuestas, se abre una etapa en la que se habilita las partes, para que presenten sus respectivas liquidaciones de crédito[1].
Conforme a la mencionada norma, de dicha liquidación se deberá correr traslado por el término de tres días, para que la otra parte se pronuncie sobre su contenido. Pero únicamente se le habilita a formular objeciones relativas al estado de cuenta, con el aporte de una nueva liquidación, en la que se precisen los errores de la liquidación a la cual se le corrió traslado.
Seguido a eso, y sin dotar de ninguna obligatoriedad a las liquidaciones aportadas por las partes, el juez decidirá aprobar o modificar como a bien tenga, la respectiva liquidación.
De la lectura de esta norma se desprenden una serie de pasos, que pueden ser resumidos de la siguiente manera:

  1. Expedición de la providencia que ordene seguir adelante la ejecución, o notificación de la sentencia que resuelva sobre las excepciones.
  2. Presentación de las respectivas liquidaciones por las partes, sumado a su correspondiente traslado.
  3. Decisión del juez, que no necesariamente debe tener en consideración las liquidaciones aportadas por las partes.

Ahora bien, la Corte Constitucional señaló como finalidad de la liquidación del crédito lo siguiente:

Así pues, se tiene que las bases financieras con fundamento en las cuales debe liquidarse posteriormente el crédito vienen ya definidas, desde el mandamiento de pago. La liquidación del crédito constituye una operación que tiene como finalidad calcular la deuda final a cobrar, la cual supone la existencia de un mandamiento de pago y la sentencia dentro del proceso ejecutivo.[2]

Es claro como el procedimiento de liquidación de crédito contemplado en el CGP, no cumple con la finalidad con la que la Corte Constitucional entiende esta institución, puesto que, además de engorroso, resulta ineficiente, ya que para la expedición de la providencia aprobatoria de la liquidación por parte del juez, primero debe mediar, por lo menos, una propuesta de liquidación presentada por las partes.
En segundo lugar, está la “aprobación” que debe hacer el juez. Aprobación que por lo demás, no deja de ser un saludo a la bandera, porque el numeral 3º del artículo 446 habilita al juez a “aprobar” o a “modificar” el o los proyectos de liquidaciones aportados por las partes. Lo que en otras palabras significa que el juez puede proferir una liquidación totalmente apartada de las propuestas por las partes, sin que las partes puedan controvertir efectivamente dicha decisión.
En resumidas cuentas, se puede decir que las liquidaciones de créditos están sometidas a normas que, contrario al espíritu del CGP, resultan en un procedimiento engorroso y desprovisto de practicidad, debido a que se exige que al menos una de las partes, presente un proyecto de liquidación, al que se debe correr un traslado para que la otra parte se pronuncie.
Todo esto, para que el juez finalmente, sin ninguna sujeción a las formulas planteadas por las partes, profiera una providencia en la que bien puede adoptar una nueva liquidación, que nada tenga que ver con las propuestas por las partes.
De toda esta lectura, es claro que se está hablando de un proceso largo e inoficioso. Pero si se hace una interpretación sistémica del CGP[3], y se compagina con lo establecido en el artículo 103 de dicha codificación[4], es factible que para realizar dichas liquidaciones se acuda a herramientas informáticas, como lo puede ser un software que automatice las liquidaciones.
Es por esto que, para optimizar el trámite de las liquidaciones en los procesos ejecutivos, resultaría muy útil dar aplicación a las tecnologías de la información, tal como lo dicta el artículo 103 del CGP, y sumado a esa ayuda, también deberían hacerse unas pequeñas modificaciones a las normas que actualmente lo rigen.
Las modificaciones al procedimiento actual que servirían a este propósito podrían ser:

  • Crear e implementar un programa informático, que permita calcular y liquidar los créditos. Este software no resultaría de gran complejidad, toda vez que las variables a partir de las cuales calcularía el monto adeudado serían:
    • Capital adeudado.
    • Constitución en mora por parte del deudor.
    • Periodos de causación.
    • Tasa de interés.
  • Sumado a la creación e implementación del programa informático, se debería modificar el papel que cumple juez en a lo largo del procedimiento. Para que él, apoyado de la herramienta virtual, pueda proferir la liquidación sin que previamente medien los proyectos de liquidación de las partes, puesto que para el momento de proferir dicha providencia, toda la información necesaria ya debe constar en el expediente.

En conclusión, se puede ver que con el diseño e implementación que actualmente tienen las liquidaciones de créditos dentro de los procesos ejecutivos, está sometido unas etapas desprovistas de utilidad, que resultan en una dilación injustificada del proceso,  que según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, después de la tutela, representan el segundo proceso judicial con el mayor número de casos, con aproximadamente a 230.000 de los más de 1.500.000 procesos que se adelantan en la Rama Judicial[5].
Es por estas razones, que con el uso adecuando de las tecnologías de la información y quizás, una pequeña adecuación normativa, se podría descongestionar un poco el aparato judicial, y de esa manera, contribuir a la pronta resolución de controversias.
[1] López, B. (2017) Código General del Proceso Parte Especial. (pp. 608-612). Bogotá, Colombia: Dupre Editores.
[2] Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión. (10 de octubre de 2014) Sentencia T/753-14.
[3] Bobbio, N (1998) Teoría General del Derecho, (pp. 180-184) Bogotá, Colombia: Temis.
[4]Artículo 103. Uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. En todas las actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura.” (Negrilla fuera del texto)
[5] Cifras del Informe al Congreso de la República rendido por el Consejo Superior de la Judicatura, tomado de https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/15989223/Informe+al+congreso+2017.pdf/34fc02b4-4229-480f-8c24-612d1121d7f4

Nuevo debate sobre regulación de plataformas tecnológicas en el país

Actualización 20 de junio de 2017:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar nulo el proceso, en tanto  “actualmente se tramita otro medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, el cual fue admitido mediante auto del 4 de noviembre del 2015” ,  refiriéndose a otra demanda en curso contra UBER, cuyo demandante es Hugo Ospina, líder del gremio taxista en la ciudad de Bogotá.

Referencia: El Tiempo. Tribunal declara nulo proceso de Mintransporte contra Uber.

Actualización 14 de abril de 2017:

El demando  UBER COLOMBIA SAS. presenta recurso de nulidad por indebida notificación.  La magistrada a cargo del proceso, la Dra. Claudia Elizabeth Lozzi, se pronuncio diciendo que “se violó el derecho al debido proceso, ya que la plataforma tecnológica no tuvo la oportunidad de defenderse” , por tal motivo,  el despacho “declarará la nulidad de todo lo actuado desde notificaciones electrónicas (…) y ordenará se surta nuevamente las notificaciones, con la salvedad, que deberá: incluir el mensaje de datos de totalidad del escrito de demanda y tener dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales de la sociedad Uber Colombia SAS (…)”.

Publicación original:

En las últimas semanas, se ha abierto un debate en los medios de comunicación sobre la posible restricción de UBER en el país, a raíz de la solicitud de medidas cautelares que, con dicha pretensión, se ha incorporado en una demanda que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Durante la semana del 13 de marzo de 2017, el Ministerio de Trasporte presento demanda contra a la sociedad comercial UBER COLOMBIA S.A.S., bajo el argumento de que es necesario que se “protejan los Derechos Colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”. En la presentación de la demanda se solicitó como medida cautelar la restricción de la operación de UBER en el país.[1]

La demanda del MinTrasporte busca no solo ser un precedente para UBER, sino a todas las plataformas que funcionan de manera irregular, por lo que se vinculó como demandados al Ministerio de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

El Tribunal dio traslado de la solicitud de la medida cautelar al Mintic, a fin de que se pronunciara sobre la petición y mediante radicado número 58486 del 23 de marzo de 2017, el MinTIC “hace la defensa del principio de Neutralidad de Internet contemplado en el artículo 56 de la ley 1450 de 2011, el cual consiste en la garantía por parte del Estado hacia a los ciudadanos, de no restringir el acceso y uso a cualquier contenido o aplicación a través de Internet, y el cual se violaría ante las pretensiones solicitadas en dicha demanda”. Por tanto, declara que su “misión es la de promover e incentivar el desarrollo de aplicativos digitales (…) y no puede tomar, ni tomará medida alguna para cancelar aplicativos.”[2]

Por otro lado, UBER se pronunció valorando positivamente la argumentación del MinTIC y defendiendo su postura, relacionándola con la de otras entidades que se sujetan al principio de la libre competencia[3]. Es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien ha señalado en un concepto emitido el 20 de septiembre de 2016, que la política de competencia no obstaculiza las actividades innovadoras de las empresas; indica que “las innovaciones disruptivas y que se valen de plataformas, han colaborado para solucionar de forma eficaz las fallas del mercado.”[4]

En sentido contrario se ha manifestado la Superintendencia de Puertos y Trasportes, sancionando a UBER en 2016, con una multa de 700 salarios mínimos, por cuanto, en su opinión, se trata de un servicio “no autorizado, y [que] atenta a las reglamentaciones del Ministerio de Transporte sobre la libre y leal competencia en el sector”[5].

No hay que olvidar que la Corte Constitucional se encontraba estudiando una demanda contra el artículo 32 de la Ley 1753 del 2015, en donde se aludía que el gobierno dejo por fuera la posibilidad de reglamentar UBER, al regular la nueva figura de los taxis de lujo[6]. Sin embargo,  el Alto Tribunal decidió declararse inhibido y no pronunciarse al respecto.

Por otro lado, cursa en el Congreso de la República, el proyecto de Ley número 69/16, que busca crear medidas para la correcta prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros, y se espera que contemple a las plataformas de trasporte en su regulación.

En conclusión, el tema del trasporte a través de plataformas tecnologías es un debate que aún no concluye en el país. La pugna mediática entre las opiniones de los taxistas y los usuarios insatisfechos con el trasporte tradicional, han permeado los intereses de las entidades públicas, llevando a conceptos divididos por parte de los órganos estatales. En tanto, la incertidumbre del costo político y electoral de una solución definitiva frente al debate, posponen una reglamentación definitiva.

[1] https://www.kienyke.com/noticias/tribunal-demanda-uber, http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mintic-se-pronuncia-sobre-demanda-contra-uber-504379

[2] http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51174.html

[3] https://newsroom.uber.com/colombia/uber-y-el-internet-libre/

[4] http://www.sic.gov.co/recursos_user/boletin-juridico-sep2016/conceptos/competencia/16-137076-mintransporte-uber-concepto-abogacia.pdf

[5] https://www.xataka.com.co/legislacion-y-derechos/superintendencia-de-transporte-sanciona-a-uber-con-450-millones-de-pesos

[6] http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-en-la-corte-constitucional-avala-servicio-especial-de-pasajeros-pero-con-reglas/515664