Límites a la libertad de expresión en redes sociales

La línea jurisprudencial en Colombia, entorno al tema de la libertad de expresión en redes sociales ha venido construyendo las bases para  la protección de las garantías fundamentales. Recientemente, la sentencia T-050 del 10 de febrero 2016 con ponencia del Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, retoma las interpretaciones que se han venido acogiendo sobre el derecho a la intimidad, el buen nombre, la honra y la imagen, en colisión con el derecho a la libertad de expresión dentro de redes sociales. A continuación, se prevé una corta exposición de los argumentos utilizados por la Corte Constitucional, para dar prevalencia al derecho a la intimidad sobre el de la libertad de expresión, con algunas interpretaciones que resultan convenientes.

Resulta relevante la procedencia de la tutela frente a la vulneraración de derechos fundamentales en redes sociales. La sola publicación de información en medios de comunicación de alto impacto, genera una situación de inferioridad  que debe entenderse e interpretarse desde su composición fáctica y no desde su origen jurídico; la persona afectada con la información que tiene el potencial de hacerse masiva con la red de publicación, carece de defensa y de acciones efectivas para poner fin a la vulneración de derechos fundamentales en medios informáticos. Así las cosas, la jurisprudencia en comento reitera  la conveniente postura que habría tomado el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia T-015 de 2015 en la que, tomando partido por dicho sentido, “la divulgación de fotografías y otros objetos comunicativos a través de la red social Facebook configura una situación fáctica de indefensión por cuanto la parte demandada tiene un poder amplio de disposición sobre estos objetos”.

La Constitución Política al consagrar el derecho a la intimidad y al buen nombre, impone la obligación al Estado de garantizar y hacer respetar el cumplimiento de los derechos en mención, entendiendo el ejercicio de estos no en su forma más natural sino aplicando la extensión de los derechos fundamentales a todos los ámbitos del sujeto, entre ello “la protección respecto de publicaciones o divulgaciones que deben tener una autorización por tratarse de asuntos relacionados con la esfera privada de la persona” y “la posibilidad que tiene cada persona de poder manejar todo aquello que hace parte de su existencia.”

En virtud de los principios que giran alrededor de la esfera privada del individuo, “los datos de una persona no pueden ser divulgados, ni registrados, pues, de lo contrario, se constituye una conducta ilícita”, de manera que la divulgación de datos debe tener un fin constitucional legítimo, en respeto del principio de necesidad, respecto al derecho a la intimidad.

Además, resuelve la Corte Constitucional la duda sobre cuales son aquellos asuntos que hacen parte de la esfera privada del individuo reiterando la sentencia T-411/95 en la se que indica que son: “los asuntos circunscritos a las relaciones familiares de la persona, sus costumbres y prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la utilización  de datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  todo comportamiento del sujeto  que no es conocido por los extraños  y que de ser conocido originaría críticas  o desmejoraría la apreciación que  éstos tienen de aquel”.

La única manera de sobrepasar el derecho a la intimidad a la luz de la jurisprudencia constitucional es bajo el consentimiento libre de su titular o bajo la orden dictada por la autoridad competente, considerando los fines constitucionalmente legítimos.

Por otro lado, respecto al derecho al buen nombre, “debe ser objeto de protección constitucional cuando se divulgan públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona”, “es preciso examinar el contenido de la información, y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas”. De modo que es importante el análisis fáctico del juez y debe proceder al restablecimiento y protección del derecho.

Agrega la Corte que el derecho a la imagen debe ser entendido como “aquellas características externas que identifican a la persona mejor que cualquier otro signo externo” y que no puede ser manipulada por terceros de manera libre. La imagen es directa expresión de la identidad y autodeterminación de cada persona y solo su titular puede manipularla, salvo los casos en los en que exista consentimiento del titular del derecho, entendiendo sus “límites constitucionalmente legítimos referentes a las exigencias deducibles de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás intereses públicos superiores.”

La jurisprudencia ha asumido el derecho a la imagen como  un derecho autónomo que puede ser lesionado junto con los derechos al ser garantía individualidad de la identidad en las personas, requiriendo de consentimiento para su utilización, con algunas limitaciones, puesto que no puede ser objeto de libre e injustificada disposición, ni siquiera en medio de relaciones contractuales en donde la imagen es un derecho irrenunciable.

En cuanto al derecho a la honra, este se diferencia del derecho al buen nombre, considerando el valor intrínseco de dignidad humana de los individuos sobre sí mismos y la sociedad. “Este derecho se puede ver conculcado cuando de alguna manera se vulneran también los derechos al buen nombre y la intimidad, incluso la imagen, situación que debe entrar a analizar el juez constitucional.”

Desde la otra perspectiva, se analiza el derecho a la libertad de expresión sobre el cual, “toda persona goza de la garantía de expresar y difundir de manera libre sus opiniones y pensamientos y, a la vez, informar y recibir información imparcial y cierta proscribiendo la censura”. En principio la libertad de expresión es preponderante, sin embargo, dicha naturaleza podrá reconsiderarse una vez se estudien las circunstancias fácticas y constitucionales que el caso concreto presente, de modo que pueda aplicarse ponderación entre los derechos que resulten incompatibles.

“La Corte en varias oportunidades ha afirmado que en casos de conflicto entre la libertad de expresión y otros derechos, debe prevalecer el primero, situación que se presenta en múltiples ocasiones cuando se enfrenta esta libertad con el derecho al buen nombre, a la intimidad o a la honra, a menos que se logre comprobar que en la información divulgada exista una intención dañina o una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o inexactos.”

Es prohibida la censura de la libertad de expresión, todos pueden generar pensamientos u opiniones sin interferencia, en virtud de la presunción de prelación que se infiere en nuestro ordenamiento jurídico; la diferencia está en que dichas manifestaciones deben hacerse con respeto y en consideración de los derechos de los demás, evitando el trato desproporcionado. “No significa que esta garantía carezca de límites, por ende, quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias que conlleven afectación a terceros”.

Acude la corporación a la Declaración Conjunta Sobre la Libertad de Expresión en Internet, de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión del 1° junio 2011, que indica que la libertad de expresión para internet se aplica del mismo modo que a los medios de comunicación, salvo estándares internacionales previstos en la ley. No obstante, “el uso de expresiones orientadas a que se produzca la vulneración de los derechos de los otros desconoce la moral subyacente de la Convención americana”.

De manera que lo que se registra en internet, se ampara en términos del concepto de libertad de expresión en medios de comunicación, con el refuerzo que de ella se predica, pero con las limitaciones del mismo que “surgen cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino simplemente conlleva una intención dañina, insultante o desproporcionada respecto del hecho que se quiere comunicar”.

Adicionalmente, se trae a colación la T-260/12, para recordar que el acceso a los medios virtuales implica un mayor riesgo a las garantías fundamentales, en razón de que las infinitas posibilidades de  compartir información llevan a que los datos personales puedan ser utilizados por terceros usuarios malintencionados de forma ilícita. Sin embargo, se indica que si bien implica un riesgo mayor el uso de plataformas de redes sociales, no se ceden las garantías de derechos fundamentales por el uso de estas.

Entrados en el caso concreto, se entra a resolver la disputa presentada entre dos personas, en donde la tutelante exige que sea retirada por parte de la demandada una publicación de la red social Facebook, la cual afecta su derecho a la intimidad, al buen nombre y a la imagen, en tanto indica afirmaciones relacionadas con la ausencia de pago de una obligación dineraria, en la que la actora funge como deudora.

Al hacerse la publicación en el perfil personal de la demandada, se presenta una situación de indefensión en tanto la actora,  no cuenta con un mecanismo efectivo que le permita restablecer sus derechos prontamente, estando en presencia de una debilidad manifiesta.

La presunción del derecho a la libertad de expresión se ve disminuido, puesto que tiene unos límites de ponderación respecto a otros derechos fundamentales, “a pesar de que la accionada afirme que el único fin de su publicación era simplemente recordarle a la actora la existencia de la obligación, para la Sala el mensaje difundido en el que se pone de manifiesto que una persona no es juiciosa con el cumplimiento de sus obligaciones, afecta la reputación y el concepto que de ella tienen los demás individuos de la sociedad”, “el mensaje puede ser parcializado y no se ajusta del todo a la verdad, en la medida en que el apoderado de la demandante afirmó que la actora nunca se desentendió de la obligación y, por el contrario, pagó los intereses que se generaron de la misma”.

Se vulneran los derechos de la actora en consideración a que se menoscabada su reputación, entendiendo que la información publicada se encuentra parcializada y que se expone al público un dato personal que atañe a la esfera privada sin mediar autorización para que la información sea revelada. La publicación en Facebook fue una acción desmedida, con una evidente intención dañina.

Concluye la sentencia que “lo publicado por la demandante no puede enmarcarse dentro de la protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución, sumado a que no se logró identificar un fin legítimo en la misma. Motivo por el cual, se repite, no existe un conflicto entre los derechos alegados y la libertad de expresión”. Los derechos fundamentales en discusión fueron afectados y se resuelve ordenar las medidas para su restablecimiento, “ordenado al transgresor de los derechos realizar una rectificación o el ofrecimiento de disculpas a los afectados, según sea el caso,  bajo las mismas circunstancias en las que se difundió el mensaje vulnerador.”

Reitera finalmente la Corte Constitucional que “la libertad de expresión guarda primacía frente a ciertos derechos, y por ende debe estudiarse en cada caso concreto si las circunstancias fácticas se enmarcan o no dentro de los límites establecidos para tal garantía y no realizar una censura previa.”

Es menester precisar entonces que la sentencia T-050 de 2016 nos invita a reflexionar sobre la ponderación que debe darse del derecho de libertad de expresión frente a la intimidad, honra y buen nombre, dentro de los cuales encontramos el derecho a la imagen. Las reglas del derecho de libertad de expresión sobre medios de comunicación aplican análogamente a los medios virtuales en el entendido de que si bien se goza de cierta preponderación a la no censura, admite también limitantes que deben ser evaluados por el juez en el caso concreto, pero que se ciñen sobre aquella información que vulnere la esfera privada del individuo, situación en la cual se esperaría tenga mayor peso la intimidad y los demás derechos que puedan derivarse de la misma.

Referencias:

  • Sentencia T-050 del 10 de febrero de 2016. Disponible en la relatoría de la Corte Constitucional.

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