Nuevo debate sobre regulación de plataformas tecnológicas en el país

Actualización 20 de junio de 2017:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió declarar nulo el proceso, en tanto  “actualmente se tramita otro medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, el cual fue admitido mediante auto del 4 de noviembre del 2015” ,  refiriéndose a otra demanda en curso contra UBER, cuyo demandante es Hugo Ospina, líder del gremio taxista en la ciudad de Bogotá.

Referencia: El Tiempo. Tribunal declara nulo proceso de Mintransporte contra Uber.

Actualización 14 de abril de 2017:

El demando  UBER COLOMBIA SAS. presenta recurso de nulidad por indebida notificación.  La magistrada a cargo del proceso, la Dra. Claudia Elizabeth Lozzi, se pronuncio diciendo que “se violó el derecho al debido proceso, ya que la plataforma tecnológica no tuvo la oportunidad de defenderse” , por tal motivo,  el despacho “declarará la nulidad de todo lo actuado desde notificaciones electrónicas (…) y ordenará se surta nuevamente las notificaciones, con la salvedad, que deberá: incluir el mensaje de datos de totalidad del escrito de demanda y tener dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales de la sociedad Uber Colombia SAS (…)”.

Publicación original:

En las últimas semanas, se ha abierto un debate en los medios de comunicación sobre la posible restricción de UBER en el país, a raíz de la solicitud de medidas cautelares que, con dicha pretensión, se ha incorporado en una demanda que cursa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Durante la semana del 13 de marzo de 2017, el Ministerio de Trasporte presento demanda contra a la sociedad comercial UBER COLOMBIA S.A.S., bajo el argumento de que es necesario que se “protejan los Derechos Colectivos relacionados con la utilización y defensa de los bienes de uso público (espectro electromagnético), derechos de los usuarios y a la libre competencia económica”. En la presentación de la demanda se solicitó como medida cautelar la restricción de la operación de UBER en el país.[1]

La demanda del MinTrasporte busca no solo ser un precedente para UBER, sino a todas las plataformas que funcionan de manera irregular, por lo que se vinculó como demandados al Ministerio de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y a la Agencia Nacional del Espectro (ANE).

El Tribunal dio traslado de la solicitud de la medida cautelar al Mintic, a fin de que se pronunciara sobre la petición y mediante radicado número 58486 del 23 de marzo de 2017, el MinTIC “hace la defensa del principio de Neutralidad de Internet contemplado en el artículo 56 de la ley 1450 de 2011, el cual consiste en la garantía por parte del Estado hacia a los ciudadanos, de no restringir el acceso y uso a cualquier contenido o aplicación a través de Internet, y el cual se violaría ante las pretensiones solicitadas en dicha demanda”. Por tanto, declara que su “misión es la de promover e incentivar el desarrollo de aplicativos digitales (…) y no puede tomar, ni tomará medida alguna para cancelar aplicativos.”[2]

Por otro lado, UBER se pronunció valorando positivamente la argumentación del MinTIC y defendiendo su postura, relacionándola con la de otras entidades que se sujetan al principio de la libre competencia[3]. Es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien ha señalado en un concepto emitido el 20 de septiembre de 2016, que la política de competencia no obstaculiza las actividades innovadoras de las empresas; indica que “las innovaciones disruptivas y que se valen de plataformas, han colaborado para solucionar de forma eficaz las fallas del mercado.”[4]

En sentido contrario se ha manifestado la Superintendencia de Puertos y Trasportes, sancionando a UBER en 2016, con una multa de 700 salarios mínimos, por cuanto, en su opinión, se trata de un servicio “no autorizado, y [que] atenta a las reglamentaciones del Ministerio de Transporte sobre la libre y leal competencia en el sector”[5].

No hay que olvidar que la Corte Constitucional se encontraba estudiando una demanda contra el artículo 32 de la Ley 1753 del 2015, en donde se aludía que el gobierno dejo por fuera la posibilidad de reglamentar UBER, al regular la nueva figura de los taxis de lujo[6]. Sin embargo,  el Alto Tribunal decidió declararse inhibido y no pronunciarse al respecto.

Por otro lado, cursa en el Congreso de la República, el proyecto de Ley número 69/16, que busca crear medidas para la correcta prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros, y se espera que contemple a las plataformas de trasporte en su regulación.

En conclusión, el tema del trasporte a través de plataformas tecnologías es un debate que aún no concluye en el país. La pugna mediática entre las opiniones de los taxistas y los usuarios insatisfechos con el trasporte tradicional, han permeado los intereses de las entidades públicas, llevando a conceptos divididos por parte de los órganos estatales. En tanto, la incertidumbre del costo político y electoral de una solución definitiva frente al debate, posponen una reglamentación definitiva.

[1] https://www.kienyke.com/noticias/tribunal-demanda-uber, http://www.portafolio.co/economia/gobierno/mintic-se-pronuncia-sobre-demanda-contra-uber-504379

[2] http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-51174.html

[3] https://newsroom.uber.com/colombia/uber-y-el-internet-libre/

[4] http://www.sic.gov.co/recursos_user/boletin-juridico-sep2016/conceptos/competencia/16-137076-mintransporte-uber-concepto-abogacia.pdf

[5] https://www.xataka.com.co/legislacion-y-derechos/superintendencia-de-transporte-sanciona-a-uber-con-450-millones-de-pesos

[6] http://www.semana.com/nacion/articulo/ponencia-en-la-corte-constitucional-avala-servicio-especial-de-pasajeros-pero-con-reglas/515664

Esbozo sobre la incidencia del derecho informático en el Ordenamiento Jurídico Colombiano

De acuerdo a las condiciones actuales de la sociedad, también de los mercados e igualmente de los mismos estados, se ha venido evidenciando un gran interés incluso un gran desenvolvimiento de las Tecnologías de la Información[1], en la más diversa gama de áreas y de campos que hasta no hace mucho resultaba impensado que se pudieran ver afectados o de alguna manera influenciado por esta serie de innovaciones.

 En la mayoría de países se ha venido presentado esta tendencia, pero en Colombia, se ha venido produciendo un gran interés por temas relacionados con las TIC, que se ve reflejado en el gran aumento que ha tenido en la participación en el PIB, el cual, según cifras del Departamento Nacional de Planeación, en el año 2000 representaba el 2.16% del total del PIB, pasando a ser en el año 2014, del 3.14% del total[2]. Pero el verdadero interés o en cierta medida, el avance que será explicado, es la posición que ha adoptado el estado colombiano frente a estos temas, desde todas las manifestaciones que este pueda tener, ya sea a través del Congreso de la República por vía de Leyes, del ejecutivo por vía de actos administrativos o de la rama judicial en distintos fallos judiciales. Continuar leyendo Esbozo sobre la incidencia del derecho informático en el Ordenamiento Jurídico Colombiano

Necesidad de regulación específica en materia de Drones para la legislación colombiana.

Hace algunos días, el Secretario de seguridad de Bogotá, DANIEL MEJIA señaló

“Los gobiernos deben iniciar por trabajar en políticas públicas de seguridad ciudadana en alianza con las entidades de vigilancia del Estado y con innovaciones en tecnología. La política pública no funciona si sólo la lidera la Policía, los entes de investigación o solo el Distrito, debe tener innovaciones en tecnología”.[1]

Mejía, indicó que la capital será vigilada y monitoreada mediante drones. Es preciso acotar que el término dron es un anglicismo de la palabra drone[2], pero también son nombrados UAV (Unmanned Aerial Vehicle), que en español SIGNIFÍCA aeronave o vehículo aéreo no tripulado (VANT).

El advenimiento de estas nuevas tecnologías, abre muchos interrogantes jurídicos. Este texto pretende analizar cuál es la relación entre el uso de los drones y el derecho informático, especialmente en lo que concierne al derecho a la intimidad y a la información, para con ello indicar qué tipo de situaciones problemáticas podrían desencadenarse con los drones en vuelo, evidenciando así, la necesidad inminente de una regulación en esta materia. Continuar leyendo Necesidad de regulación específica en materia de Drones para la legislación colombiana.

Tecnologías de la Información y su Incidencia en la Administración Pública Colombiana

El impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha tenido incidencia radical en el desarrollo social, económico y político. A partir de la informática surge una disciplina que llego para cambiar la visión de la sociedad, del concepto técnico surge una especialidad cuya denominación llego a ser nuevas tecnologías y hoy recibe diversas acepciones.

“Desarrollos recientes en la tecnología han ido acompañados de cambios radicales en la comunidad mundial. Diversas técnicas de organización social y política tratan de hacer frente a la revolución de las expectativas crecientes”[1] (1967), indicaban los libros de la época al evidenciarse la expansión del campo de la informática. Las nuevas definiciones de telemática, teleinformática o telecomunicaciones se empiezan a hacer habituales en la sociedad.

Al darse la evolución de las entonces disciplinas a raíz de la innovación tecnológica, aparecen los primeros interrogantes, especialmente a través de los daños causados por tecnologías, el uso de materiales dañinos en la fabricación de productos, la evolución de los automóviles, el surgimiento de los bancos de datos y los contratos de suscripción en nuevos servicios, de manera que comienza a moldearse una nueva rama del derecho con el componente de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Continuar leyendo Tecnologías de la Información y su Incidencia en la Administración Pública Colombiana