Derechos
25 de marzo de 2020

El acceso a internet como Derecho Humano

Una discusión recurrente en materia del Derecho de las Nuevas Tecnologías, es la de considerar si el acceso a internet debe ser considerado como un Derecho Humano.

Por: Jhon Caballero Martínez

El reconocimiento de derechos se considera como “una situación de provecho, ventaja, favor o beneficio para un sujeto individual o colectivo o un segmento poblacional difuso, siempre y cuando tal situación se revele como valiosa”[1]. En tal sentido, el reconocimiento nacional de derechos se da a través de su estipulación constitucional o legal, mientras que en derecho internacional, los derechos se enmarcan mediante las obligaciones que los Estados pactan respetar en tratados internacionales.

De ahí que lo que se busca proteger es el acceso a internet y no a la red como un derecho en sí mismo, puesto que esta última es solo un medio para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información, pero entonces ¿El acceso a internet es un Derecho Humano?, al respecto tenemos dos perspectivas.

Desde el Derecho Internacional:

El Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción y la protección de la libertad de expresión en Internet, indicó en un informe de 2012 que internet es un medio del cual se desprende el ejercicio de Derechos Humanos. Se manifestó que internet es un instrumento indispensable para que la población reciba información que antes llegaba de forma analógica, pero ello significa que no solo se trata de la información, sino que internet permite que todos los usuarios sean fuentes de información y tengan espacios para intercambiar ideas, por lo que los Estados ya no pueden ejercer control arrogándose el monopolio de la información.

Sin embargo, aparecen nuevos retos como la difusión e incitación de mensajes de odio, caso en el cual, los Estados deben reprimir estas conductas con las mismas leyes que en los medios impresos. La restricción del acceso al contenido en línea solo se admite para abordar con eficacia preocupaciones genuinas. En este sentido, las restricciones al derecho a la libertad de expresión en Internet deben ser la excepción y mantenerse en estricta conformidad con el derecho y los estándares internacionales. De acuerdo con ello, no puede filtrarse, bloquearse o censurarse indebidamente contenido, salvo aquellos casos en que se vulneran otros derechos fundamentales.

En el informe se indica que no se necesitan nuevos estándares de Derechos Humanos para internet, porque los principios y doctrinas en Derecho Internacional actuales son de aplicación en todos los ámbitos. Las mismas leyes y normas internacionales que ya existen deben aplicarse del mismo modo a los medios en línea.

Luego, el Consejo de Derechos Humanos retoma en otro informe el desarrollo del acceso a internet propiamente dicho, en donde expresa que se reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora del progreso y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible.

Debe aplicarse un enfoque basado en los Derechos Humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet y solicita a todos los Estados que hagan lo posible por cerrar las múltiples formas de la brecha digital.  Igualmente, insta a los Estados miembros a fomentar la alfabetización digital y a facilitar el acceso a la información en Internet como herramienta importante para la promoción del derecho a la educación. También a involucrar en mayor medida a las personas en situación de discapacidad, a las mujeres y las niñas.

Si bien se trata de una resolución que no es estrictamente vinculante, algunos países en diferentes frentes ilustran la adopción de las recomendaciones de Naciones Unidas, como es el caso de Estonia[2], Grecia[3], Francia[4], Costa Rica[5] y Finlandia[6]. Además, otras jurisdicciones han adoptado o incorporado mayores reglas sobre lo que debe considerarse la banda ancha.

Desde el Derecho Nacional:

En el derecho nacional debemos tener en cuenta que la influencia no está dada por el Derecho Internacional, sino que es la Constitución y el bloque de constitucionalidad los que definen el modelo de Estado y los derechos fundamentales que se deben garantizar a las personas. Una cosa son los derechos desarrollados en el ámbito internacional y otra diferente los que expone y desarrolla nuestra Carta Política.

En primer lugar, hay que indicar que Colombia como Estado Social de Derecho reconoce garantías mínimas a las personas que se materializan en ese carácter prestacional y estado de bienestar que está a cargo de la administración. Esto no es otra cosa que el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales.

Sin embargo, la teoría de los derechos subjetivos indica que los derechos no son solo lo que enuncia la Constitución, sino que por el contrario, son todos aquellos que se desprenden de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y los que va desarrollando la Corte Constitucional en su jurisprudencia. En particular, aquellos que se deduzcan de la existencia humana, la dignidad humana y el desarrollo de los principios que se enmarcan en el Estado Social de Derecho.

Por tal razón, el acceso a internet tiene cabida como derecho en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, se trata de un derecho en sentido formal y no material debido al carácter prestacional que implica. Así pues, es un derecho sometido al principio de sostenibilidad fiscal, en donde se busca la progresividad y no regresividad del mismo.

De ahí que existan subsidios en materia de servicios públicos de telecomunicaciones a los estratos 1 y 2, en donde se evidencia un intento por alcanzar la igualdad material del acceso a internet. No es otra cosa que aplicar una discriminación positiva mientras se alcanza ese ideal. Así mismo, la estandarización del concepto de internet banda ancha[7], la apertura de Centros (como los Vive Digital) y conexiones abiertas para el acceso en zonas remotas.

Así las cosas, se puede considerar que el derecho de acceso a internet es un Derecho Humano de aceptación internacional, que aún encuentra dificultades de adaptación en el ámbito nacional, particularmente, por su carácter prestacional que hace frente al principio de sostenibilidad fiscal.

Notas y referencias:

[1] CHINCHILLA HERRERA, T. E. Qué son y cuáles son los derechos fundamentales: las nuevas líneas de la jurisprudencia. Bogotá: Temis, 2019. p. 38.

[2] La Ley de Información Pública del 2000 permite el acceso a las bibliotecas públicas y el acceso a categorías selectas de información pública. El acceso a Internet se facilita a través de los procedimientos establecidos en la Sección 15 de la Ley de Bibliotecas Públicas.

[3] En 2008 la Constitución de Grecia fue revisada por la resolución del Parlamento del 27 de mayo de 2008. Incluidos en su nuevo derecho que “todas las personas tienen derecho a participar en la Sociedad de la Información”.

[4] El Consejo Constitucional Francés en la sentencia No. 2009-580 DC de 10 de junio de 2009, reconoció como un derecho básico el acceso a internet.

[5] La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la sentencia número 12790- 2010, fue más allá y reconoció el acceso a internet como un derecho fundamental.

[6] Aprobó una ley que entró en vigor el 1 de julio del 2010, la cual reconoció el acceso a internet como un derecho.

[7] Para que pueda ofrecerse un servicio de “internet banda ancha”, los operadores deben garantizar como mínimo velocidades de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida.

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