Libertad religiosa
12 de abril de 2020

La libertad religiosa y su expresión a través de internet

En una sociedad que se virtualiza cada vez más en razón del aislamiento establecido por los gobiernos del mundo, se hace necesario reflexionar sobre el régimen jurídico establecido sobre libertad religiosa. El escrito tiene como objetivo aclarar los aspectos de transformación digital, así como señalar los pronunciamientos jurisprudenciales sobre su expresión en plataformas tecnológicas y el respeto que ello implica por parte de terceros.

Por: Jhon Caballero Martínez

El ejercicio de la libertad religiosa se enmarca como uno de los derechos fundamentales de la Carta Política, en tanto que el artículo 19 garantiza la libertad de cultos, donde toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva[1]. Sin embargo, debido a la contingencia que hoy enfrenta el mundo y a la evidente necesidad de los gobiernos en imponer aislamiento preventivo obligatorio[2], su ejercicio ha tenido que transformarse digitalmente, de forma que las plataformas digitales se han convertido en aliados para su garantía.

Por consiguiente, es necesario que las entidades religiosas se encuentren con la innovación y adapten sus manifestaciones a nuevas formas remotas que les permitan acercarse y cumplir con su finalidad de acompañamiento. En razón de ello, el artículo 3 del Decreto 457 de 2020 permitió la circulación de personas que desempeñan actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica en medio del aislamiento obligatorio[3]. De forma que los encargados de la logística para la trasmisión de reuniones o cultos pueden desplazarse a sus congregaciones o iglesias con el fin de organizar la manifestación religiosa colectiva mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Este aspecto obliga a adoptar un proceso de trasformación digital dentro de las entidades religiosas, en tanto que requieren contar con una infraestructura tecnológica que permita realizar trasmisiones en línea y una plataforma que soporte el número de creyentes que se conectará a la reunión. Además, debe preverse una política de privacidad en caso de que se realice el tratamiento de información personal[4]; es importante que las plataformas empleadas para conectar a los diferentes creyentes sean estables y no impliquen un riesgo de seguridad.

Es menester traer a colación el régimen de derechos de autor, en tanto que será la Decisión 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982 las que definan las reglas de propiedad intelectual de cada una de las obras audiovisuales o piezas musicales que tengan lugar durante las trasmisiones, para su posterior publicación o retransmisión. El artículo 4 de la Decisión 351 es claro en indicar que la protección reconocida recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza[5].

Así mismo, la persona jurídica de la entidad religiosa conservará los derechos patrimoniales de autor si así se ha acordado en las cláusulas contractuales de los colaboradores, y tendrá derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, la comunicación pública de la obra por cualquier medio, la distribución pública de ejemplares o copias de la obra, y la realización de traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra[6].

Sin embargo, el tema que más discusiones suscita sobre la adaptación de manifestaciones religiosas en internet y que mayor contenido implica en este escrito, es la colisión entre el derecho a la libertad religiosa frente a la libertad de expresión de aquellos que no comparten los mismos ideales, e incluso, enfrentar los sabotajes que pueden presentarse en la realización de las actividades religiosas.

Esto no es extraño, en la medida que tan solo unas semanas atrás el fenómeno de zoombombing atacó mediante malware una cantidad considerable de clases en línea con la presentación de material inapropiado[7], de ahí la necesidad de conocer el ámbito de protección del ejercicio de la libertad religiosa y hasta dónde llega la libertad de expresión respecto a las opiniones críticas de la religión, empezando a involucrarse en los fenómenos de la cuarta revolución industrial.

En esta medida, la delimitación del concepto de libertad religiosa encuentra dificultades sociales y culturales, por lo que el marco jurídico presenta un ámbito específico para definirla. En primer lugar, parte de la doctrina indica que la libertad religiosa “protege esencialmente un bien jurídico consistente en el rechazo de toda forma de coerción motivada por la creencia religiosa que se profese o bien por la ausencia de la misma, lo cual reviste la protección de las libertades de conciencia y pensamiento”[8], de tal manera que no se limita a aspectos religiosos, sino a la expresión de libertad de pensamiento o conciencia, la cual se expresa en el artículo 18 de la Constitución Política, que indica que se garantiza la libertad de conciencia y que nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias”[9].

En segundo lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 12 el contenido que involucra la libertad de conciencia y de religión. En: , en el entendido que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

[…]

Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias”[10].

Este concepto encuentra relación con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica en su artículo 18 que:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.

[…]

Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”[11].

De forma tal, que la libertad religiosa no se trata de conservar o creer en una religión o ideología solamente, si no que su ejercicio implica profesarla o divulgarla de forma individual o colectiva, en donde las únicas limitaciones serán las prescritas por la ley y las que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

Así lo refrendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al indicar que “el derecho a la libertad de conciencia y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. Este derecho es uno de los cimientos de la sociedad democrática. En su dimensión religiosa, constituye un elemento trascendental en la protección de las convicciones de los creyentes y en su forma de vida”[12].

Ahora, en el ámbito nacional, se han adoptado tales consideraciones con la promulgación de la Ley 133 de 1994, la cual señala que este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por la República[13], y asimismo, delimita la separación entre Estado y religión al indicar que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal[14]. Dentro del ejercicio de la libertad religiosa se encuentra entonces, el derecho a practicar individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto, conmemorar sus festividades, y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos; así mismo, de reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas[15].

De acuerdo con las fuentes mencionadas, hay unanimidad en indicar que la libertad religiosa implica la práctica individual o colectiva en cualquiera de sus manifestaciones, por lo que no debe haber diferenciación del ejercicio de estos derechos en un entorno presencial o en línea, ya que las previsiones señaladas son generales, de ahí que la Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos establezca la necesidad de promover campañas de tolerancia y no discriminación por motivos religiosos[16].

Así, el respeto por las manifestaciones religiosas se mantiene conforme a la previsión constitucional aún en el entorno digital, en el entendido que la libertad de cultos se manifiesta cuando alguien profesa alguna creencia religiosa o ciertas convicciones morales, que traen implícito el derecho a proclamarlas, difundirlas, defenderlas y a practicar lo que de ellas se desprende. Conforme este desarrollo jurisprudencial, ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna pueden llegar a invadirla para forzar cambios de perspectiva, molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas[17].

Esto ultimo refleja una colisión aparente entre la libertad de cultos y el derecho a la libertad de expresión, en donde la Corte Constitucional lo ha definido en sentido estricto como “el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa”[18], pero también trae implícita una libertad negativa, “pues implica el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensión individual y una colectiva, pero también como una libertad positiva pues implica una capacidad de actuar por parte del titular del derecho y un ejercicio de autodeterminación”[19]. En consideración a esta colisión de derechos, es que se consagran excepciones a la libertad de expresión, tal como lo señala la Corte Constitucional:

“A pesar de la presunción de que toda forma de expresión esta cobijada por el derecho fundamental en estudio existen ciertos tipos específicos de expresión prohibidos. Entre estos se cuentan: (a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con estricta sujeción a las definiciones fijadas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se sancionen formas de expresión legítimamente acreedoras de la protección constitucional”[20].

De ahí que se tenga que tener especial atención sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en contraste con la libertad de cultos, porque ello puede incitar a la discriminación u odio de expresiones religiosas legitimas y amparadas por la Ley. Sin embargo, ello tampoco implica que el derecho a la libertad religiosa sea absoluto, en la medida que también presenta límites.

En este sentido, la libertad de expresión se enmarca en el derecho a divulgar o poner en conocimiento del público cualquier idea, opinión o pensamiento, el derecho a oponerse a cualquier restricción en la difusión de las ideas, opiniones o pensamientos, el derecho a oponerse a cualquier censura o control previo de la expresión y el derecho de las personas a acceder a los medios públicos de difusión para dar a conocer sus obras, pero la manifestación de ideas y opiniones  admite excepciones cuando entra en colisión con otros derechos. De esta manera lo indica la Corte Constitucional, haciendo referencia a las Sentencias T 213 de 2004 y T 1319 de 2001:

«Pese al amplio alcance del derecho a divulgar y a la prohibición de controlar el contenido, la jurisprudencia constitucional ha previsto que la libertad de difundir el pensamiento y las ideas no es absoluta y, en esa dirección, en algunos casos de colisión con el buen nombre, la honra o la intimidad, puede limitarse su ejercicio. En particular, al referirse al ejercicio de la libertad de opinión indicó que cuando se formulan críticas que  supongan “niveles del insulto o, tratándose de expresiones dirigidas a personas específicas, resulten absolutamente desproporcionadas frente a los hechos, comportamientos o actuaciones, que soportan la opinión, de tal manera que, más que una generación del debate, demuestre la intención clara de ofender sin razón alguna o un ánimo de persecución desprovisto de toda razonabilidad, se activa un control intenso sobre las opiniones emitidas.” Igualmente, ha señalado que la libertad de difusión no protege aquellas expresiones que se refieran a datos íntimos de las personas, dado que la prevalencia de la libertad de expresión “no puede ser reconocida en relación con el derecho a la intimidad, por la sencilla razón que la intromisión en la esfera íntima o privada de un sujeto, sin su consentimiento o autorización legal, es siempre violatoria de su contenido esencial»[21].

Por lo que aquellas opiniones dirigidas a personas específicas, que resulten absolutamente desproporcionadas o tengan la intención de ofender o perseguir admiten una limitación en su ejercicio, lo cual es una interpretación que se relaciona con el derecho a no ser molestado por razón de sus convicciones o creencias.

Esta idea fue objeto de una mayor ampliación respecto del ejercicio de la libertad de expresión en internet, al señalar que “si las opiniones que se profieren en uso de la libertad de expresión resultan irrazonablemente desproporcionadas o tienen una intención dañina o se evidencia una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o inexactos […] pueden vulnerarse los derechos al buen nombre, a la honra o a la intimidad”[22]. Así pues, será el juez, quien en ejercicio de un test de ponderación, en cada caso concreto, evalué el grado de comunicabilidad del mensaje y el impacto que tenga la expresión sobre los derechos como el buen nombre, la honra o la intimidad.

En todo caso, es importante señalar que el respeto por la libertad religiosa o de conciencia, en cualquiera de sus formas y medios de contacto, encuentra un amplio desarrollo constitucional y legal respaldado por los acuerdos y convenios internacionales suscritos por Colombia. En esta etapa de contingencia, las personas encuentran esperanza en las manifestaciones religiosas, y ello comprende protección jurídica tanto en los encuentros de reunión en trasmisiones digitales, como en las manifestaciones públicas de opinión con fines religiosos en redes sociales, siempre y cuando ello no afecte los derechos de terceros. Después de todo, no hay que olvidar que “[e]n el campo de esta libertad hay lugar, inclusive, para no creer en nada, si tal es el resultado del proceso interior mediante el cual se fija la posición de la persona frente a los temas espirituales”[23].

Notas y referencias:

[1] ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 19.

[2] PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto 457 de 2020. Artículo 1. Disponible en: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

[3] Decreto 457 de 2020. Artículo 1.

[4] Cfr. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 de 2012.

[5] COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Artículo 4. Decisión 351 de 1993. Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf

[6] Artículo 13. Decisión 351 de 1993.

[7] CHEN, Brian. The Lesson We Are Learning From Zoom. En: New York Times, 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/article/zoom-privacy-lessons.html?fbclid=IwAR3r_YNHp9RBtwWggRPzb1hPT7RatQodyKWCDk1lSoc1qUt6FdUBY-zoius

[8] CERVANTES, Luís. Los principios generales sobre la libertad religiosa en la jurisprudencia de los sistemas europeo, interamericano y costarricense de protección de los derechos humanos. Revista de Ciencias Religiosas y Pastorales (93), 2009. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26333.pdf

[9] Constitución Política de 1991. Artículo 18.

[10] ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica). Artículo 12. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

[11] ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 18. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

[12] CORTE INTEAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Olmedo Bustos y otros Vs. Chile. 5 de febrero de 2001. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf

[13] CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 133 de 1994. Artículo 1.

[14] Ley 133 de 1994. Artículo 2.

[15] Ley 133 de 1994. Artículo 6.

[16] PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Decreto número 437 de 2018. Artículo 2.4.2.4.2.2.1.

[17] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Tutela 778 de 2014. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[18] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Constitucionalidad 442 de 11 de Corte Constitucional. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.

[19] Sentencia de Constitucionalidad 442 de 2011 de Corte Constitucional.

[20] Sentencia de Constitucionalidad 442 de 2011 de Corte Constitucional.

[21] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 626 de 2015. MP. Mauricio González Cuervo.

[22] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia de Tutela 155 de 2019. MP. Diana Fajardo Rivera.

[23] MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. Libertad religiosa y de cultos: ámbitos de aplicación práctica desde la constitución, la ley y la jurisprudencia, 2015. Disponible en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/libro_def_2015_25_01_2015_1_mmm.pdf