Justicia Digital
1 de septiembre de 2020

La reinvención de la justicia y un toolkit para los litigantes digitales

Uno de los sectores que mayores afectaciones sufrió a lo largo de los últimos meses de coyuntura ha sido la rama judicial. El presente artículo pretende exponer el estado actual del uso de tecnología en el aparato jurisdiccional, hacer referencia a los pronunciamientos jurisprudenciales, compartir un toolkit regulatorio sobre la materia y evaluar otros aspectos relevantes sobre el litigio.

Por: Jhon Caballero Martínez

La justicia y el litigio:

La justicia ha significado una conquista dentro de los sistemas democráticos y liberales por antonomasia, en la medida que son los tribunales los encargados de velar por la guardia de la constitución y la ley[1]. La paralización de la justicia pone en riesgo los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales resalta la preeminencia del principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de acceder a la función jurisdiccional. De ahí la importancia de garantizar la continuidad de la administración de justicia, en donde las tecnologías de la información y las comunicaciones juegan un rol preponderante.

Así las cosas, autores como Michele Taruffo, indican que la justicia permite identificar un contexto procesal dentro del cual participan abogados, jueces y testigos, quienes narran historias dentro de la estructura de una controversia compuesta por el proceso judicial[2]. En esta medida, la presentación de argumentos racionales y la depuración de los mismos son elementos propios del ligio, ya que el abogado tiene la importante tarea de persuasión y exposición de los hechos de conformidad con los intereses de su poderdante[3].

El artículo 1969 del Código Civil no define con claridad lo que es el litigio, pero indica que se trata de un derecho sobre el cual puede recaer un contrato aleatorio, en donde el objeto directo es el resultado de una litis[4]. De acuerdo con Francesco Carnelutti, la litis es un desacuerdo cuyo elemento esencial es un conflicto de intereses, que viene a ser resuelto por el proceso judicial como una previsión del derecho para reprimir o prevenir[5].

Por ello la importancia del derecho procesal, pues como lo define Miguel Enrique Rojas, es “la disciplina encargada de establecer los mecanismos y procedimientos que han de observarse para ser la realización coercitiva de los derechos sustanciales reconocidos por el ordenamiento”[6]. Es decir, el litigio se encuentra estrechamente ligado al régimen establecido por la teoría general del proceso, en donde se encuentran las partes ante la jurisdicción con el objetivo de defender sus intereses conforme a lo establecido por el derecho sustancial.

Sin embargo, la necesidad de virtualización de la justicia impone nuevos retos al litigio, no solo por la implementación de herramientas tecnológicas en la judicatura, sino porque la intervención remota de las partes en el proceso podría presentar afectaciones al principio de oralidad, el cual es piedra angular del Proceso Civil y el Proceso Penal Acusatorio.

Igualmente, la virtualización afecta la inmediación, principio que supone la necesidad de la percepción directa y personal del juez respecto de cada uno de los actos procesales y medios de prueba allegados[7]. La imposición de una pantalla como barrera, podría tener incidencia en la percepción que tiene el operador judicial sobre el caso en cuestión.

 

El escenario actual y un toolkit para el litigio

El uso de tecnologías de la información en el ordenamiento jurídico colombiano, se remonta al escenario del gobierno en línea (hoy denominado gobierno digital) para facilitar el acceso de los ciudadanos a la actividad administrativa del Estado. El artículo 26 del Decreto Ley 2150 de 1995 estableció la obligación de habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos en entidades administrativas y la prohibición de limitar el uso de tecnologías para el archivo documental.

Luego, el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia estableció que el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. En esta normativa se encuentra el primer antecedente normativo del principio de equivalencia funcional, ya que se estableció que los documentos por medios informáticos gozarán de validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad e integridad.

La Ley 527 de 1999 ajustó el derecho colombiano a una nueva realidad en cuanto al uso de medios de comunicación modernos en el comercio electrónico, y dichas previsiones tuvieron tal impacto, que la Corte Constitucional señalado que “las previsiones sobre acceso y uso de mensajes de datos no son exclusivas del ámbito comercial privado, sino que también son aplicables en otros escenarios, propios de la administración pública”[8].

La Ley 527 de 1999 demarca el régimen general de intercambio de mensaje de datos, el cual se ha convertido en marco de referencia para el Código General del Proceso (art. 82, 103, 122), el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (art. 53), el Código de Procedimiento Penal (art. 275) y los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura para la implementación del Plan de Justicia Digital.

Así las cosas, la implementación de la justicia digital en Colombia está basada en lo establecido por el artículo 103 del Código General del Proceso, el cual habilita al Consejo Superior de la Judicatura para la incorporación del uso de tecnología en el aparato jurisdiccional.

Mientras, la gestión de la documentación electrónica se ciñe al Decreto 2609 de 2012, referido a la Gestión Documental para todas las Entidades del Estado, el cual exige que un documento electrónico de archivo debe presentar metadatos mínimos de contenido, estructura y contexto para el archivo. Se entiende que un documento es íntegro, cuando ha permanecido completo y protegido.

De acuerdo con el artículo 33 de la misma Ley, las reglas sobre el expediente electrónico están a cargo del Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro de lo cual destaca el Memorando de Entendimiento de Expediente Judicial Electrónico entre las Altas Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

La jurisprudencia se ha pronunciado sobre el uso de tecnología en la judicatura, al indicar que “los sistemas de computarización de la información tienen por objeto racionalizar el acceso directo a los expedientes […] su existencia le facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus funciones, en particular el deber de dar publicidad a sus actos”[9].

Así mismo, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que es indiscutible procurar el uso de tecnología en el proceso judicial, pero las directrices deben ajustarse al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la igualdad de oportunidades[10], que para la gestación de una justicia digital, se extiende a los derechos y deberes alrededor del ciberespacio[11]. Sin embargo, ello admite limites, en la medida que si las anotaciones del portal web de la Rama Judicial no contienen un reporte negativo, ni constituyen un antecedente penal o disciplinario, “no constituyen un desconocimiento de los derechos al buen nombre, honra y habeas data”[12].

Por tanto, adquiere especial importancia la protección de los datos personales (Ley 1581 de 2012), el principio de neutralidad tecnológica (Ley 1341 de 2009) y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, en particular las políticas y procedimientos de Seguridad de la Información para la Rama Judicial del Acuerdo PSAA14-10279 de 2014 las herramientas tecnológicas de apoyo de la Circular PCSJC20-11, la autorización de pago de depósitos judiciales por Portal Web de la Circular PCSJC20-17, la herramienta para la consulta Web de los correos electrónicos de los abogados de la Circular PCSJC20-25, el protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación del expediente de la Circular PCSJC20-27 y las reglas para la prestación del servicio de justicia del Acuerdo PCSJA20-11623.

Finalmente, el Decreto Legislativo 806 de 2020 estableció la utilización de medios tecnológicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias, para lo cual los sujetos procesales tienen el deber realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. El artículo 3 del Decreto establece que los canales digitales para dichos fines, serán los establecidos por la autoridad judicial competente y los sujetos procesales.

Ahora, en cuanto a conformación de los expedientes, corresponde a la colaboración de las parte, quienes por cualquier medio, facilitarán las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para desarrollar las diversas actuaciones. Las autoridades judiciales usarán las herramientas tecnológicas con las que dispongan para la realización de audiencias y para la estructuración de los expedientes digitales de forma híbrida.

 

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La digitalización ideal de la justicia

La justicia debe apuntar a una suerte de automatización de actos procesales, en donde se implemente una plataforma que facilite la presentación de la demanda, memoriales y poderes, y a su vez, dicho sistema integre la verificación de las partes y su efectiva notificación. No obstante, la adopción de tecnología en la judicatura se somete a los límites constitucionales, en donde destaca la importancia del principio de legalidad, la igualdad entre las partes y el debido proceso.

De manera que es desproporcionado que las partes y despachos judiciales tengan a su cargo la búsqueda de medios tecnológicos, pues ello conlleva a un fenómeno de fragmentación tecnológica. Por el contrario, el despliegue tecnológico debe hacerse de forma estandarizada y con estudios de compatibilidad en diferentes medios tecnológicos[13], por lo que se requiere uniformidad procesal en garantía de los fines constitucionales[14].

Por tanto, el litigo no debe limitarse al intercambio de correos electrónicos y archivos adjuntos. Por el contrario, la reinvención judicial en la era de la sociedad de la información tiene como meta alcanzar el mismo grado de inmediación y oralidad que se tendría en la presencialidad[15]. Los avances que se han dado en los últimos meses, son muestra de que se está superando la “miopía tecnológica” y que al fin se empieza a considerar que la justicia es un servicio y no un lugar[16].

En este contexto, es la oportunidad de evaluar la conveniencia de una estrategia de diseño legal en el proceso de modernización, de tal suerte que se materialicen las nociones de legal desing en el desarrollo del proceso. De acuerdo con Margaret Hagan & Miso Kim, el diseño legal en la justicia pretende mejorar la percepción y confianza que las personas tienen en el sistema, mediante la presentación de un modelo mental de las etapas del proceso, el apoyo de una mesa de servicio para brindar información y la presentación de estrategias con diversas consecuencias jurídicas para tomar decisiones informadas[17].

Así mismo, los estudios desarrollados arrojaron que si los usuarios tienen una mayor sensación de control frente al sistema judicial, su experiencia se tornará positiva frente a lo solemne y burocrático que puede llegar a ser el proceso judicial[18]. Bajo el escenario de la digitalización, estas recomendaciones adquieren mayor fuerza, puesto que si los litigantes identifican un sistema único para la justicia y tienen la oportunidad de conocer en detalle su funcionamiento, se verá exaltada su agencia procesal y la confianza en el aparato judicial.

Recomendaciones técnicas prácticas:

Los juzgados y abogados deben comenzar por lo que actualmente resulta incuestionable en la profesión, implementar dispositivos de transmisión audiovisual que permitan al juez recibir la intervención de la forma más clara e interrumpida posible, así como adaptar los hogares u oficinas a una red de internet de alta velocidad que, en la medida de las posibilidades, permita la conexión de computadores por una red de área local (LAN), y en caso de no ser posible, desplegar una red WiFi con banda de frecuencia de radio en 5 GHz, lo cual garantizará una conexión más estable.

Igualmente, aspectos como la iluminación y la postura adquieren transcendental importancia, porque estos elementos, sumados a la entonación y proyección de la voz, juegan un rol de importancia para mantener la solemnidad y la credibilidad.

Una vez considerados los asuntos logísticos para la realización de audiencias, conviene que los abogados anticipen las cuestiones técnicas en la estructuración del expediente digital. Hay que recordar que por cuestiones de seguridad de la información, resulta importante eliminar metadatos en archivos en los cuales no sean relevantes, además de verificar que el documento adjunto sea presentado en un formato estándar y pueda abrirse con el mismo diseño en cualquier sistema operativo.

La tecnología más allá del sistema judicial:

Ahora, la automatización y la interoperabilidad no corresponde solamente al sistema judicial, los litigantes pueden integrar sus propias herramientas basadas en legaltech, con el objetivo de entrar en sintonía con el proceso de transformación digital al que obligan las actuales circunstancias. De acuerdo con Richard Susskind, la tecnología al servicio del proceso resulta de interés también para los abogados y las firmas, puesto que optimizar y mejorar las formas tradicionales de trabajo por conducto del uso de medios tecnológicos, permite afianzar la productividad y ofrecer un enfoque disruptivo al derecho[19].

En consecuencia, la idea de que los startups tecnológicos no tienen relación con las firmas de abogados ha desaparecido, y en la actualidad, es evidente un punto de convergencia entre la prestación de servicios legales y la implementación de herramientas tecnológicas que facilitan la labor jurídica. Ello se evidencia en el uso de plataformas para la identificación y filtrado de problemas jurídicos en líneas jurisprudenciales, sistemas automatizados para la redacción o revisión de cláusulas contractuales y la implementación de programas operaciones para hacer seguimiento al recurso humano y facilitar el seguimiento de casos a los clientes.

Aunado lo anterior, la solución de una litis no se limita al aparato jurisdiccional del Estado, pues existen Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos que también han implementado herramientas tecnológicas y presentan formas ágiles y efectivas de superar disputas de manera justa y definitiva. Las online dispute resolution fueron habilitados por la Ley 1563 de 2012 y son ejemplo de ello, pues resultan mecanismos idóneos tanto desde el arbitraje con las Cámaras de Comercio, como con la mediación en entidades de protección al consumidor.

Al final, las dificultades operaciones sobre el aparato jurisdiccional podrían llevar a la estipulación de cláusulas contractuales que prevean soluciones preestablecidas a desacuerdos entre las partes, en atención del principio pacta sunt servanda, e incluso, establecer opciones de solución mediante el uso de tecnología, tal y como puede ocurrir en la programación de prestaciones algorítmicas.

 

Referencias:

[1] JULIO ESTRADA, Alexei. Las ramas ejecutiva y judicial del poder público en la constitución colombiana de 1991. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003.

[2] TARUFFO, Michele y ACCATINO, Daniela (trad.). Simplemente la verdad. Madrid: Marcial Ponds, 2010.

[3] Ibíd.

[4] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A. Rad. 34087. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón; CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1045/0. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis.

[5] Carnelutti, Francesco. Cómo se hace el proceso. Rosario: Editorial Juris, 2012.

[6] ROJAS, Miguel Enrique. Teoría General del Proceso. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2004. p. 30.

[7] PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional, 2015.

[8] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-259/08. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

[9] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-020/14. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

[10] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Rad. 2017-01497-00 del 4 de julio de 2019. Magistrado Ponente: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

[11] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Rad. 2020-01030-00 del 4 de junio del 2020. Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona.

[12] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. T 108450 del 30-01-2020. Magistrado ponente: Eyder Patiño Cabrera.

[13] CONTINI, Francesco y CORDELL Antonio. Law and Technology in Civil Judicial Procedures. En: BROWNSWORD, Roger; SCOTFORD, Eloise y YEUNG, Karen. The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology.  Oxford University Press, 2017

[14] CASTAÑO, Daniel. El Decreto 806 del 2020 y la balcanización de la justicia digital [en línea]. En: Ámbito Jurídico. Disponible en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/etcetera/tic/el-decreto-806-del-2020-y-la-balcanizacion-de-la-justicia-digital

[15] SUSSKIND, Richard. Online courts and the future of justice. London: Oxford University Press, 2019.

[16] Ibíd.

[17] HAGAN M., KIM M. Design for Dignity and Procedural Justice. In: Chung W., Shin C. (eds) Advances in Affective and Pleasurable Design. AHFE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 585. Springer, 2018.

[18] Ibíd.

[19] Op. Cit. SUSSKIND, Richard.

 

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