Influenciadores
31 de mayo de 2019

Los influenciadores y el derecho de consumo

De acuerdo con el análisis jurídico presentado a El Tiempo sobre Annabelle ‘Belle’ Gibson, y aprovechando el auge de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a la protección de los consumidores digitales, nos permitimos presentar algunas consideraciones a tener en cuenta, sobre la industria de la comunicación en redes sociales.

Por: Centro de Investigación en Derecho Informático

 

Luego de la publicación de El Tiempo sobre la “influenciadora que mintió sobre cáncer”, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto, se ha pronunciado sobre la aplicación del derecho de protección al consumidor frente a los influenciadores. En entrevista con Blu Radio, presentó una postura en la que se ve a los  influenciadores, como un medio para presentar publicidad que no se encuentra regulado: “por ahora la publicidad está regulada en materia televisiva, y de contenidos impresos, y radiales, pero si todo a mutado a plataformas electrónicas, pues seria una necesidad empezar a estudiar este tema […] No está mal, lo que pasa es que no está regulado o reglamentado“, indicó.

La anterior, es una postura con la que diferimos parcialmente, atendiendo a los argumentos que presentaremos a continuación:

  1. En la actualidad, no existe un régimen legal restrictivo para aquellos comunicadores que generan influencia mediante sus declaraciones. Por el contrario, la manifestación de sus opiniones está enmarcada por el derecho a la libertad de expresión, en concordancia, al derecho de acceso a la información de sus usuarios digitales.
    En principio, ninguna entidad del Estado tiene potestad para multar a una persona por manifestar sus opiniones a través de redes sociales, lo que si puede ocurrir, es que existan limites respecto de la libertad de expresión de un influenciador, caso en el cual, se acudirá al juez constitucional para el restablecimiento de derechos fundamentales de terceros afectados. Para ello, debe aplicar el principio de proporcionalidad y la sujeción al sistema internacional de responsabilidades ulteriores planteado en la normativa internacional, los cuales, suponen que no se puede impedir que una persona se exprese libremente, como si de una censura se tratara, pero sí que puede ser sancionada cuando su expresión cause daño. Por ejemplo, un periodista puede denunciar en su espacio que un funcionario es corrupto, incluso si el funcionario se opone, ya que la libertad de expresión ampara al comunicador. No obstante, si la justicia demuestra que la información es falsa, el periodista deberá afrontar cargos por calumnias e injurias.
  2. De llegarse a presentar algún tipo de daño patrimonial o extrapatrimonial, en razón de las afirmaciones que realiza un influenciador, el perjudicado con las mismas, tendrá que acudir al aparato judicial del Estado, a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, a fin de determinar la existencia del daño y su magnitud, la conducta del influenciador y la relación que esta tenga con la producción de dicho daño. En este proceso, será el juez quien establezca si efectivamente hay lugar a reparar el daño, conforme con los medios de prueba aportados tanto por demandante como demandado.
  3. Una circunstancia en la que sí podría haber una sanción de índole administrativa, en términos de multa a influenciadores, es cuando exista una relación de consumo de por medio, es decir, cuando la expresión de una opinión por parte de un influenciador, este íntimamente ligada con la producción, fabricación o comercialización de un producto o servicio, destinado a ser adquirido por un consumidor final. La multa que se aplicó al caso Gibson, se dio porque la influenciadora se benefició comercialmente de sus afirmaciones engañosas, en tanto que fueron un elemento fundamental para aumentar las ganancias por ventas, más no se le sancionó, por el hecho de ser una influenciadora.
  4. El Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011), establece unas garantías mínimas para proteger a los usuarios, de manera que, si un influenciador es productor o distribuidor de productos o servicios, tendrá que ceñirse a los deberes establecidos por el derecho de consumo, en donde se podría ejercer el derecho de acción de protección, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, o juez de la República. De manera que, no es verdad que no exista una regulación aplicable a los influenciadores, en materia de derecho de consumo.
  5. De momento, el marco normativo existente, es suficiente para enfrentar los desafíos de las redes sociales. No se requiere de una reglamentación especial para afrontar los problemas judiciales, puesto que el criterio de especialidad es suficiente para definir la norma y jurisdicción aplicable a cada caso concreto. Las normas ya definidas para aspectos cotidianos, se pueden aplicar a la relacionas surgidas en el plano digital. Es posible que deban hacerse algunas reformas con el avance de la denominada” sociedad de la información y del conocimiento”, pero en abstracto, los principios generales del derecho, sirven para llenar los vacíos normativos. Lo que muchas veces falta, es voluntad para promover su aplicación.

Referencias: 

1- Noticias de Tecnología con el programa La Nube | BLU Radio. El comercio ha migrado hacia lo digital y se debe estudiar regulación del tema: SIC. Disponible en https://bit.ly/2wshWd8.

2- El Tiempo, Linda Patiño – Redacción Tecnósfera. Influenciadora que mintió sobre cáncer podría ir a la cárcel. Disponible en https://bit.ly/2XewtoL.